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Protocolo de Seguridad: abuso de la represion vs la justificación – el análisis completo

El eco de los gases lacrimógenos resuena más allá de Buenos Aires: la represión a jubilados y hinchas reabre heridas sociales y desafía al gobierno de Milei a justificar su mano dura en un país dividido, mientras el mundo observa y compara.

Por Emiliano Rodríguez González y José Luces

14/03/2025

Ciudad Autonoma de Buenos Aires – una manifestación de jubilados , respaldada por hinchas de fútbol, culminó en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando más de 120 detenidos y al menos 45 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno. Este episodio, calificado como la represión más severa desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, ha puesto nuevamente en el centro del debate el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2023.

Sin embargo, las autoridades argumentan que la magnitud de la protesta, amplificada por la participación de hinchas de fútbol, representó una amenaza real al orden público, justificando una respuesta contundente para evitar mayores desmanes en una zona crítica como el centro de la capital.

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El protocolo, establecido mediante la resolución 943/2023, busca garantizar el orden público mediante el despeje inmediato de vías obstruidas

Otorga amplias facultades a las fuerzas de seguridad, incluyendo la intervención sin orden judicial, el uso de fuerza «mínima necesaria» con armas no letales, y la identificación y registro de responsables. Organizaciones como Human Rights Watch han criticado estas medidas por criminalizar la protesta y facilitar respuestas represivas, como la observada durante la marcha de jubilados. No obstante, el gobierno sostiene que el protocolo es esencial para proteger el derecho de circulación de la mayoría de los ciudadanos, afectado por bloqueos recurrentes, y que las críticas internacionales no consideran el contexto local de protestas que a menudo derivan en violencia.

La manifestación, que comenzó de manera pacífica frente al Congreso Nacional, reunió a cientos de jubilados

Que exigían mejoras en sus pensiones y la restitución de beneficios eliminados bajo las políticas de austeridad del gobierno de Milei. La protesta cobró mayor magnitud al sumarse aficionados de diversos clubes de fútbol en solidaridad con los pensionistas.

Sin embargo, la situación se tornó tensa con la llegada de más de 1.000 efectivos de la policía antidisturbios, equipados con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. Las fuerzas de seguridad, por su parte, alegan que la presencia de hinchas, conocidos por antecedentes de violencia en eventos masivos, incrementó el riesgo de descontrol, obligándolas a actuar preventivamente para evitar una escalada mayor.

A medida que la multitud crecía, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los presentes, mientras que algunos manifestantes respondieron arrojando piedras y otros objetos contundentes. La violencia escaló rápidamente, resultando en escenas caóticas en el centro de la capital.

Entre los heridos se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien fue trasladado de urgencia al hospital y se encuentra en estado crítico, un incidente que ha generado indignación en la comunidad periodística, que ha denunciado ataques directos a la prensa durante la cobertura de la protesta. El gobierno, sin embargo, podría argumentar que el uso de fuerza fue una reacción a la agresión inicial de algunos manifestantes y que lesiones como la de Grillo, aunque lamentables, son riesgos inherentes a la cobertura de disturbios, no ataques intencionales a la prensa.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 120 personas durante los disturbios.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión bajo una nueva ley antimafia, argumentando que las acciones violentas no serán toleradas. Esta postura ha sido criticada por diversos sectores que consideran desproporcionada la respuesta del gobierno. Desde el oficialismo, en cambio, se defiende que la ley antimafia es una herramienta necesaria para desalentar la violencia organizada en protestas, y que las detenciones masivas buscan identificar a los responsables de actos vandálicos, no castigar indiscriminadamente.

De igual manera un informe de El Pulso Internacional informó que, los 120 detenidos fueron liberados en la mañana del 13 de marzo por Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, argumentando inconsistencias con los cargos y las horas de las detenciones a todos los involucrados.

La represión ha sido ampliamente condenada tanto a nivel nacional como internacional.

Organizaciones de derechos humanos y figuras políticas han exigido la renuncia de la ministra Bullrich, señalando que la respuesta violenta del gobierno es inaceptable en una democracia. Además, se han registrado cacerolazos en algunos barrios de Buenos Aires en señal de protesta contra la represión. El gobierno, no obstante, señaló que las condenas son una reacción exagerada de sectores opositores y que los cacerolazos no reflejan el sentir mayoritario, sino una movilización política contra las reformas económicas necesarias.

A nivel internacional, países como Francia y Estados Unidos han enfrentado desafíos similares en la gestión de protestas y manifestaciones. En Francia, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en París ante el partido de fútbol entre Francia e Israel en noviembre de 2024, debido al aumento de actos antisemitas y la convocatoria de manifestaciones propalestinas. Se movilizaron más de 4.000 agentes y se implementaron medidas especiales para proteger edificios judíos, con la policía buscando impedir manifestaciones no autorizadas cerca del Stade de France. Las autoridades francesas podrían argumentar que medidas estrictas como estas son efectivas para prevenir violencia y proteger a la población, un enfoque que Argentina podría emular con su protocolo antipiquetes.

En Estados Unidos, en febrero de 2025, decenas de miles de latinos participaron en una protesta nacional denominada «Un día sin inmigrantes»,

En respuesta a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Las manifestaciones, organizadas principalmente a través de redes sociales, avanzaron pacíficamente en su mayoría, aunque hubo incidentes menores y enfrentamientos con la policía. La respuesta de las autoridades varió según la jurisdicción, con algunas buscando criminalizar estas protestas. Desde el gobierno estadounidense aclararón que las acciones policiales en ciertos casos evitaron mayores altercados, mostrando que una respuesta firme es a veces necesaria para mantener el control.

¿El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich representa una estrategia específica para abordar las manifestaciones que afectan la libre circulación en Argentina?. Si bien busca garantizar el orden público, ha sido objeto de críticas por potencialmente restringir el derecho a la protesta. A nivel internacional, países como Francia y Estados Unidos también enfrentan desafíos en la gestión de protestas, adoptando enfoques que buscan equilibrar la seguridad pública con el respeto a las libertades civiles. El gobierno argentino aclara en defensa, que el protocolo no busca eliminar el derecho a la protesta, sino regularlo para evitar abusos, y que comparaciones internacionales demuestran que incluso democracias consolidadas aplican medidas similares sin ser acusadas de autoritarismo.

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